Coleros, revendedores y acaparadores: fiscalía responde
Caricatura: Martirena
El plan de acción cubano y sus consecuentes estrategias provinciales para el enfrentamiento a coleros, revendedores y acaparadores, responde a un pedido popular mayoritario. De eso no hay dudas.
Si en algún momento las personas callaron ante las manifestaciones más burdas de la reventa, hoy la experiencia dice lo contrario.
El enfrentamiento ha tenido una repuesta desde las fuerzas policiales, y diversos órganos, incluido la Fiscalía General de la República (FGR), quien asegura que cada día crece la intolerancia sobre estos hechos.
Desde su mandato constitucional como órgano del estado encargado del control de la acción penal y de exigir porque se cumpla la legalidad, ha desarrollado acciones con un enfoque primeramente preventivo.
Se han impuesto un número significativo de multas administrativas, decomisado productos a las personas denunciadas y otros procesos presentados a los tribunales, refiere Kenia Aguirre, fiscal jefa provincial.
“Hemos tratado de que la persona desista de ese actuar indebido. Lo primero que hay que saber es que este plan no va contra el pueblo, sino en función de salvarlo, para que lleguen a las mayorías los productos que se expenden en las tiendas, mercados, placitas, tiendas de materiales de la construcción, que son productos deficitarios actualmente.”
“La Fiscalía ha controlado todos los procesos penales radicados por la policía, apegados a lo que establece la ley, haciendo una evaluación diferenciada de cada caso. La población puede estar segura de que todos los procesos penales que se radican, previamente han tenido un tratamiento para lograr que la persona desista de la actividad que realiza.”
La fiscal agregó que también dirigen acciones de control hacia las administraciones de los centros que expenden los productos.
“Exigimos a las administraciones que tiene en su poder recursos, y el mandato estatal de protegerlos, verificar el destino de esos productos. Cada una de las cuestiones que la población denuncia al respecto tienen el tratamiento establecido, se investiga y se responde.”
“Siempre tenemos presente que este plan de medidas está en función de responder ante un pedido de nuestro pueblo, que es terminar con acaparadores, revendedores y las personas que inescrupulosamente tratan de lucrar con las carencias que tenemos, porque se ha reconocido que existe un desabastecimiento, pero ello requiere solidaridad y compañerismo, no individualismo ni enriquecimiento. En función de ello, la Fiscalía y los órganos de enfrentamiento le darán el tratamiento riguroso que merecen esos casos,” concluyó.
El plan de acción cubano y sus consecuentes estrategias provinciales para el enfrentamiento a coleros, revendedores y acaparadores, responde a un pedido popular mayoritario. De eso no hay dudas.
Si en algún momento las personas callaron ante las manifestaciones más burdas de la reventa, hoy la experiencia dice lo contrario.
El enfrentamiento ha tenido una repuesta desde las fuerzas policiales, y diversos órganos, incluido la Fiscalía General de la República (FGR), quien asegura que cada día crece la intolerancia sobre estos hechos.
Desde su mandato constitucional como órgano del estado encargado del control de la acción penal y de exigir porque se cumpla la legalidad, ha desarrollado acciones con un enfoque primeramente preventivo.
Se han impuesto un número significativo de multas administrativas, decomisado productos a las personas denunciadas y otros procesos presentados a los tribunales, refiere Kenia Aguirre, fiscal jefa provincial.
“Hemos tratado de que la persona desista de ese actuar indebido. Lo primero que hay que saber es que este plan no va contra el pueblo, sino en función de salvarlo, para que lleguen a las mayorías los productos que se expenden en las tiendas, mercados, placitas, tiendas de materiales de la construcción, que son productos deficitarios actualmente.”
“La Fiscalía ha controlado todos los procesos penales radicados por la policía, apegados a lo que establece la ley, haciendo una evaluación diferenciada de cada caso. La población puede estar segura de que todos los procesos penales que se radican, previamente han tenido un tratamiento para lograr que la persona desista de la actividad que realiza.”
La fiscal agregó que también dirigen acciones de control hacia las administraciones de los centros que expenden los productos.
“Exigimos a las administraciones que tiene en su poder recursos, y el mandato estatal de protegerlos, verificar el destino de esos productos. Cada una de las cuestiones que la población denuncia al respecto tienen el tratamiento establecido, se investiga y se responde.”
“Siempre tenemos presente que este plan de medidas está en función de responder ante un pedido de nuestro pueblo, que es terminar con acaparadores, revendedores y las personas que inescrupulosamente tratan de lucrar con las carencias que tenemos, porque se ha reconocido que existe un desabastecimiento, pero ello requiere solidaridad y compañerismo, no individualismo ni enriquecimiento. En función de ello, la Fiscalía y los órganos de enfrentamiento le darán el tratamiento riguroso que merecen esos casos,” concluyó.