Tras la implementación del gobierno electrónico en varios países y demostrada su efectividad para organizar la gestión pública, en Cuba se desarrolla paulatinamente, y en Holguín muestra pasos de avances. El uso de las tecnologías como forma de incentivar la participación ciudadana en asuntos que le son afines, permitió crear los portales del gobierno provincial y municipales; entre los que destaca Ciudad Nuestra, del territorio cabecera.

Carlos Parra Zaldívar, presidente de la filial holguinera de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), refirió sobre este que es diferente y prácticamente único, “pues constituye casi una red social”.

En Ciudad Nuestra se ha trabajado intensamente, fomentando el diálogo Gobierno - Entidad – Ciudadanía, en una apuesta por allanar los caminos de los servicios públicos y fortalecer su funcionamiento; lo cual todavía es perfectible

Parra Zaldívar destacó que sobresalen las prestaciones en línea para solucionar procedimientos sociales, sin acudir a instituciones u organismos. “Estamos en una tercera etapa, llamada transacción, pues ya se disponen de diferentes trámites, como los del Ministerio de Justicia, la Vivienda y otros, pero se incorporarán muchos más. Esta etapa contempla también el comercio electrónico”.

Valoró que se ha avanzado, “tal vez no con la rapidez con que pudiéramos haberlo hecho, porque el gobierno electrónico demanda tecnología, pero son conocidas las limitaciones que afrontamos desde el punto de vista económico.”

No obstante, falta mayor capacitación a la población en las dinámicas digitales, y promociones más eficaces de las bondades del gobierno electrónico y las vías para insertarse.

Además, un rol imprescindible y lógico es el de las organizaciones y su participación activa en la agenda pública, ya que son, de acuerdo con la investigadora chilena Alejandra Naser, facilitadoras de la apertura y dinamización de las plataformas colaborativas. Aunque hay que tener claro que la ciudadanía es la protagonista, donde se incluyen también la academia y el sector privado.

Todo ello sin descuidar la credibilidad y transparencia, garantizando el acceso a la información pública gubernamental, y la apertura de mayores canales para que las mismas incidan en el proceso de toma de decisiones.