Uno de los elementos distintivos del proceso de actualización del modelo de desarrollo económico y social del país es su constante perfeccionamiento y adecuación  a las condiciones cambiantes de la realidad.

Es cierto que no siempre, esos cambios se producen con la velocidad que se desea, pero al final del proceso, las modificaciones se aplican y parten de los criterios más generales obtenidos de los debates en congresos y debates públicos.

Uno de los procesos que más adecuaciones ha tenido es la entrega de tierras ociosas para la producción agropecuaria y forestal, recordemos que esta fue una de las medidas, junto a la ampliación del trabajo por cuenta propia y el pluriempleo, que inició el proceso denominado actualización del modelo de desarrollo cubano.

Se pretendía con estas medidas iniciales atacar,  por decirlo de algún modo, los principales problemas, o al menos, los más evidentes que limitaban el desarrollo o empleo a fondo de las potencialidades productivas del país.

En materia agrícola, se emitió el decreto ley 259 en el 2008, un paso de avance, con limitaciones en la continuidad y sostenibilidad en la explotación de la tierra, la permanencia y estabilidad de la fuerza de trabajo y la estimulación para el asentamiento familiar, aspectos que se atendieron con la emisiones de nuevos decretos al respecto.

Recientemente se modificó la actual política para la entrega de tierras ociosas, que tiene como objetivo seguir resolviendo las insuficiencias señaladas anteriormente. La decisiones informadas tienen más aspectos positivos que negativos, y lo mejor, han sido bien acogidas entre productores y no productores.

Se resolvió ahora, el dilema del tiempo de vigencia del usufructo, ampliándose de 10 a 20 años, y la posibilidad de ser  prorrogable por un periodo similar, y se permite utilizar hasta el tres por ciento del área total para las bienhechurias. Muy interesantes ambas decisiones pues en materia de agricultura el tiempo determina la consolidación de los cultivos o las crias, y la posibilidad de construir la vivienda en la finca apunta directamente al asentamiento del productor con su familia.

Otro aspecto bien acogido, y que puede ser un medio de estimulación a los productores, es el incremento en la superficie que puede asignarse para el usufructo,llegando hasta dos caballerías, y si las áreas están vinculadas a la ganadería o polos productivos puede llegar hasta cinco caballerías.

Se impone como condición para el incremento de la tierra o su asignación la posibilidad real de que el usufructuario la pueda trabajar, pues se aplicará el impuesto, hasta ahora aplazado, sobre uso, posesión y ociosidad de la tierra. De igual modo se alerta que el empleo de financiamiento ilícito o la comisión de actos violatorios de la legalidad pueden provocar la eliminación del usufructo.

La política agraria derivada de la actualización del modelo ha tenido un carácter gradual y continuo, y esa es una de sus principales fortalezas, pues desde el año 2008, cuando inició, a nivel de país se han entregado más de un millón de hectáreas.

A su favor tiene esta política, a pesar de las insuficiencias señaladas en congresos y reuniones, que los organismos de control del Ministerio de la Agricultura no han perdido la capacidad de respuesta ante las irregularidades y violaciones.

Se demanda ahora cerrar las cadenas de valor para aprovechar mejor las producciones.Como dice el viejo refrán grano a grano, que en este caso significa constancia, apoyo, reconocimiento de los productores y sobre todo, mantener la actualización de la política diseñada.