La entrega de tierras ociosas para la producción agropecuaria fue una de las medidas, junto a la ampliación del trabajo por cuenta propia y el pluriempleo que inició el proceso denominado actualización del modelo de desarrollo cubano.
Se pretendía con esta medidas iniciales atacar, por decirlo de algún modo, los principales problemas , o al menos, los más evidentes que limitaban el desarrollo o empleo a fondo de las potencialidades productivas del país.

En materia agrícola, se emitió el decreto ley 259 en el 2008, un paso de avance, con limitaciones en la continuidad y sostenibilidad en la explotación de la tierra, la permanencia y estabilidad de la fuerza de trabajo y la estimulación para el asentamiento familiar, aspectos que se atendieron con la promulgación del decreto ley 300.
Recientemente se modificó la actual política para la entrega de tierras ociosas, que tiene como objetivo seguir resolviendo las insuficiencias señaladas anteriormente. La decisiones informadas tiene más aspectos positivos que negativos, y lo mejor, han sido bien acogidas entre productores y no productores.
Se resolvió ahora, el dilema del tiempo de vigencia del usufructo, ampliándose de 10 a 20 años y la posibilidad de ser prorrogable por un periodo similar, y se permite utilizar hasta el tres por ciento del área total para las bienhechurias. Muy interesante ambas decisiones pues en materia de agricultura el tiempo determina la consolidación de los cultivos o las crías, y la posibilidad de construir la vivienda en la finca apunta directamente al asentamiento del productor con su familia.
Otro aspecto bien acogido, y que puede ser un medio de estimulación a los productores, es el incremento en la superficie que puede asignarse para el usufructo, llegando hasta dos caballerías, y si las áreas están vinculadas a la ganadería o polos productivos puede llegar hasta cinco caballerías. Se impone como condición para el incremento de la tierra o su asignación la posibilidad real de que el usufructuario la pueda trabajar, pues se aplicará el impuesto, hasta ahora aplazado, sobre uso, posesión y ociosidad de la tierra. De igual modo se alerta que el empleo de financiamiento ilícito o la comisión de actos violatorios de la legalidad pueden provocar la eliminación del usufructo.
La política agraria derivada de la actualización del modelo ha tenido un carácter gradual y continuo, y esa es una de sus principales fortalezas, pues desde el año 2008, cuando inició, a nivel de país se han entregado más de un millón de hectáreas, y todavía queda tierra ociosa, aunque en municipios como Holguín, que no es eminentemente agrícola se agotó el fondo de tierra disponible, y ahora los interesados reciben su asignación en territorios cercanos.
A su favor tiene esta política, a pesar de las insuficiencias señaladas en congresos y reuniones, que los organismos de control del ministerio de la agricultura no han perdido la capacidad de respuesta ante las irregularidades y violaciones. En esta condición tiene mucho que con el hecho de escuchar, ante todo a los productores, a los usufructuarios y a la población en general.
Aunque el balance es positivo, todavía es insuficiente, pero hay más que en años anteriores. Se demanda ahora cerrar las cadenas de valor para aprovechar mejor las producciones.
Como dice el viejo refrán grano a grano, que en este caso significa constancia, apoyo, reconocimiento de los productores y sobre todo, mantener la actualización de la política diseñada.