Al cierre de año 2018, según datos del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social en el país, se emplean en el sector no estatal unas 580 mil 828 personas, de ellas el 29 porciento son jóvenes y el 34 son mujeres. Estas cifras significan que en el sector no estatal se concentra el 19 por ciento de las personas empleadas en el país.

El reconocimiento de la gestión no estatal y la política de ampliación de la misma hacia diversos sectores de la economía nacional en marcha desde el año 2010, fueron acogidos en principio con más entusiasmo que preparación y condiciones para ejercerla por parte de la población interesada en ella.

Si inicialmente prevaleció el ánimo de la improvisación y la búsqueda de altos ingresos con pequeños negocios, generalmente vinculados con la venta de alimentos, el alquiler de habitaciones y el transporte de pasajeros con diversos medios de tracción, y en menor medida otras ocupaciones y oficios muy  demandados en la vida cotidiana y personal, hoy la lista de ocupaciones es mucho más amplia y diversa.

Entre los factores que inciden en la transformación de la gestión no estatal, podemos identificar la experiencia práctica acumulada en estos años, que como arsenal de ideas permite el intercambio de criterios entre los implicados, el rescate de la tradición familiar en algunas ocupaciones.

Un rasgo que en mi opinión caracteriza, y de la mejor manera, el desarrollo de la gestión no estatal es la disposición  de sus ejecutores, de enfrentar sus negocios a partir de la preparación, tanto en cuestiones de marketing y administración de las pequeñas y medianas empresas, como en temas de protección del medio ambiente, política fiscal y laboral, destacando además un impacto favorable de la gestión innovadora en la realización de los servicios o productos que ofertan.

Poco a poco, el empleo en el sector no estatal y sus formas de gestión pasa de la espontaneidad a la búsqueda de las mejores competencias profesionales acompañadas de remuneraciones saláriales atractivas, fijadas de mutuo acuerdo y que reconoce la rivalidad que impone la competencia en ese mercado.

Como toda regla tiene su excepción, no todos los implicados en el sector no estatal, independientemente de la forma de gestión que desarrollen, poseen las fortalezas simbolizadas, perspectiva que incide directamente sobre la composición de su capital humano y decide, no pocas veces, los resultados económicos y la permanencia en el mercado.

La recién aprobada Constitución en el Título II, fundamentos económicos, establece los tipos de propiedad existentes en el país, e incorpora nuevas posibilidades, reguladas por la ley correspondiente, para que este sector continue su perfeccionamiento, e incluya una mayor integración con el sector estatal y la inversión extranjera, así como reconocer a las pequeñas y medias empresas privadas o cooperativas como actores muy necesarios e imprescindibles en el nuevo modelo económico.